Legalización de viviendas en Andalucía

Cada PGOU tiene sus tejemanejes, sus puntos oscuros y su toques de surrealismo picassiano. En Marbella y en Chiclana se están dando pasos para legalizar al menos 15.000 viviendas en cada municipio según leo en El País. Es normal que lo que no esté dentro de un plan de urbanismo pase a ser controlado como corresponda según la ley. Y que los ayuntamientos tengan que dar viabilidad al desarrollo de las ciudades y poblaciones de un modo razonable. Pero es digno de destacar que a veces han sido los propios ayuntamientos los que han colaborado en un desarrollo desmedido e irremediable del suelo, a cambio de unos emolumentos oscuros y metidos de estrangis en la cartera de algunos particulares. Ecologistas en acción y otras organizaciones no gubernamentales advierten del uso que se hace de las viviendas que copan y arrasan el litoral. En Sanlúcar todos hemos visto cómo en Las Piletas se han levantado monstruosas edificaciones que lejos de servir de residencia habitual para nadie, además sólo están ocupadas menos de un 15%, según dichos informes. El constructor y sus amigotes, los concejales de turno se llevaron buenos ingresos de aquel boom inmobiliario que dejó maltrecho el tejido laboral español y especialmente andaluz y hoy tenemos un litoral reducido a urbanizaciones fantasma en las que nadie vive y en las que ya nadie especula. Pero en cambio aquellas viviendas levantadas ilegalmente sobre terrenos no urbanos, rústicos, urbanizables no sectorizados, y llamemósle como lo llamemos, suelos donde no se puede construir, aquellas viviendas de primer uso, no tienen la posibilidad de legalizar su situación porque no resultan rentables para ningún bolsillo particular, y porque además hay que llevar la urbanidad -véase alcantarillado, pavimento, iluminación, retirada de basuras, transportes urbanos, and etc... De este modo el status quo que vivimos los moradores en zonas no urbanizables, no sólo no lo queremos pero además pedimos soluciones razonadas por todos los sectores implicados. Si hay que dar salida a la irregularidad de 5000 viviendas que se sienten los políticos y las asociaciones vecinales y que, de una vez por todas, se llegue a una solución que todos necesitamos, los gobernantes y los contribuyentes en las arcas del municipio. Fdo.: José Segura